Resolución general de la V Convención de Periodistas de España
Viejos y nuevos medios: la necesaria mediación del periodista
Lugo, 6 de mayo de 2007
La V Convención de Periodistas de España, celebrada en Lugo los días 4, 5 y 6 de mayo ha concluido sus trabajos. Más de 200 informadores de todo el país, convocados por el Foro de Organizaciones de Periodistas, se han dado cita en Lugo para debatir distintas ponencias y comunicaciones con una preocupación común: la de recuperar o, en su caso, revitalizar, la imprescindible mediación del informador en el desarrollo de una cultura informativa democrática. No son pocos los intentos de proceder a la devaluación de este oficio, impidiendo, por ejemplo, que el Estatuto del Periodista Profesional adquiera rango de Ley en el Congreso de los Diputados.
La función constitucional de informar
La más universal de las manifestaciones de derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, proclama en su artículo 19 que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Desde planteamientos ideológicos diversos, instalados en el pensamiento liberal y conservador, se insiste en defender la autorregulación profesional como alternativa a la regulación legal de derechos y deberes de los periodistas. Una posición ajena al texto constitucional que impone un determinado desarrollo normativo de su artículo 20, precisamente en el ámbito que afecta a los profesionales de la información y a los medios de comunicación.
Un Artículo 20 que reconoce y protege los derechos: “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
El ejercicio de estos derechos, dice el artículo 20, no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
La ley debe regular por mandato constitucional la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.
Como hemos apuntado, en este artículo hay normas directamente aplicables y otras que requieren su desarrollo legislativo. Casi treinta años después de aprobada la Constitución, el FOP trasladó a los grupos parlamentarios la necesidad de legislar el Estatuto del Periodista Profesional; IU/ICV, asumiendo la práctica totalidad de la propuesta del Foro, lo sometió a la aprobación del Congreso de los Diputados y por mayoría se tomó en consideración la iniciativa. La fuerte presión de los grupos de comunicación sobre los grupos parlamentarios ha acabado haciendo mella en los dos grupos mayoritarios, el conservador y el socialista. En un caso, por su escasa complicidad con las demandas de los periodistas y su maniquea concepción de la democracia; en otro, por la falta de coraje político que le lleva a inclinarse ante las presiones de los poderosos de la información. Esta realidad y los pocos meses que restan de periodo legislativo nos llevan al convencimiento de que el EPP no se aprobará en esta legislatura.
Para el FOP es un objetivo irrenunciable la aprobación de ésta Ley que garantice el dercho a la información de la ciudadanía.
Los periodistas, intermediarios necesarios
Procesar información, es cierto, ya no será una función exclusiva de los medios de comunicación y de los periodistas. Al tiempo que se tecnifican los procedimientos comunicativos, también se multiplican los operadores, haciendo que la actividad de procesar información condicione la efectividad de todos los procesos de producción, gestión, distribución y consumo. Todos los productores de información con los que compiten medios y periodistas operan sin restricciones, aprovechando el poder instrumental de las tecnologías de la información y la comunicación, legitimándose en la progresiva desideologización de los procesos sociales.
Por paradójico que parezca, la llegada de la sociedad de la información, que multiplica canales y difunde simultánea e ininterrumpidamente información, hizo que el periodista viese alterada su función profesional. Sigue reconociéndose su papel de actor social, pero está perdiendo la representación de la que siempre gozó, como también está perdiendo presencia y capacidad de influencia en beneficio de la empresa, que realza cada vez más el papel institucional y decisivo del editor.
La clave está en revalorizar el periodismo como profesión. En los viejos y en los nuevos medios. Lo que equivale a retomar el papel político del periodismo, contrariando el discurso técnico de las modernas empresas de comunicación (y el de los editores/propietarios) que abogan obsesivamente por la neutralidad aparente, sin referentes éticos.
Se impone, pues, el retorno al ideal de profesión periodística, que no se podría entender sin un compromiso público del periodista. Siempre con criterios éticos, que es en lo que fundamentalmente ha de diferenciarse de cuantos entran a competir con él en tanto que productor de contenidos.
Elementos que atentan contra la mediación del periodismo
Hace ya 14 años la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa entendió que la información ‘constituye un derecho fundamental reconocido como tal por el Convenio europeo de los derechos humanos y las Constituciones democráticas, cuyo sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde el derecho de exigir que la información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones sin ingerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados’.
La independencia de los periodistas constituye, en este sentido, la garantía básica de la pluralidad informativa, frente a quienes han venido glosando que dicha pluralidad derivaba de la pluralidad de medios. Contra la independencia de los periodistas actúa, sin embargo, un complejo entramado de poderes públicos y privados mediante una progresiva devaluación de las condiciones laborales y profesionales de los informadores o, lo que es lo mismo, incentivando la precariedad.
Un amplio colectivo de los periodistas carecen de contrato que los vincule laboralmente a la empresa; otros están sujetos a fórmulas contractuales arbitrariamente gestionadas por la empresa en la entrada, estancia y salida del puesto de trabajo. No menos del 33% de nuestros informadores se encuentran en situación de precariedad laboral.
Las organizaciones que integran el Foro propondrán en la negociación colectiva la regulación de las prácticas de los estudiantes en las empresas, orientada al cumplimiento de su ciclo formativo. De la misma manera, los convenios colectivos han de avanzar en la aprobación de cláusulas que impidan el abuso empresarial en la utilización de fórmulas contractuales irregulares, jornadas interminables y salarios raquíticos con los titulados que acceden por primera vez al mercado de trabajo.
Una gran parte de la oferta de empleo se concentra actualmente en los gabinetes de comunicación, que inciden de forma directa en las rutinas informativas de los medios. En este terreno es necesario impulsar un Manual de Buenas Prácticas para uso de los gabinetes de comunicación de manera que en su quehacer esté siempre presente el código deontológico de la profesión periodística y de forma específica que queden claras las fronteras entre la información y la propaganda.
Según se apunta en el informe “La naturaleza cambiante del trabajo: una encuesta global y un caso sobre el trabajo atípico en la industria de los medios”, elaborado por la FIP para la OIT, el mercado laboral de los medios de comunicación y la naturaleza de los empleos se encuentra en plena involución. El empleo es cada vez más precario, menos seguro y de mayor intensidad.
Todos los analistas coinciden en que los medios de comunicación viven un proceso de concentración y al mismo tiempo de globalización. Este hecho puede facilitar que más personas en más lugares del mundo estén más y mejor informadas, pero también una amenaza para la pluralidad, la diversidad y el digno ejercicio de la profesión periodística, si el movimiento sindical no es capaz, a su vez de extender sus redes de protección por todo el planeta.
Por otro lado, hemos de estar atentos a la devaluación de la función profesional como consecuencia de la renovación tecnológica, especialmente el desarrollo digital, que se traduce, de hecho, en burdas políticas de reducción de costes laborales por parte de unos editores incapaces de analizar con rigor la crisis estructural de sus empresas.
Por todo ello, resulta imprescindible que los legisladores españoles asuman la responsabilidad, como legítimos representantes de la ciudadanía, de regular las condiciones laborales y profesionales de los periodistas (es oportuno recordar el compromiso adquirido por el presidente del gobierno en la dirección antes citada, poco tiempo antes de ganar las elecciones de 2004), si queremos poner freno a tanto atropello empresarial en el ámbito de la comunicación. Será el Gobierno y el grupo parlamentario que le sustenta el que deba asumir la principal responsabilidad del más que probable aplazamiento legislativo del EPP.
Presente y futuro de la radio televisión pública
La 4ª Convención de Periodistas de España, celebrada en 2005 en Gijón, en su resolución final citaba el Protocolo 27 del Tratado por el que se establecía una Constitución Europea: “el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación”.
La aprobación el 11 de mayo de 2006 de la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal por el Parlamento, con el único voto en contra del Partido Popular, supone un importante avance en la regulación del servicio público audiovisual. No obstante, persisten dudas razonables sobre el futuro de este sector.
El progresivo deterioro que ha conocido RTVE a manos de unos y otros gobiernos; la creciente privatización de su actividad y programas; la indefinición de su modelo de gestión y financiación; y la sostenida utilización política por parte del ejecutivo de turno han asestado un duro golpe al potencial de la RTVE. Pero algo ha empezado a moverse en la televisión pública. Los cambios operados en los últimos meses pueden ayudar a recuperar un medio público de gran trascendencia para la democracia informativa, siempre que las organizaciones sociales, culturales y políticas defiendan activamente la independencia, el pluralismo y el servicio público como señas de identidad de RTVE. Cambios que deberían ir acompañados de la constitución del Consejo Audiovisual, independiente y con naturaleza jurídica propia, para velar por el derecho de los ciudadanos a una información veraz.
La reforma emprendida por RTVE tiene que trasladarse con urgencia a las televisiones públicas de las Comunidades Autónomas, en un impulso democratizador que ha de contar con mayoría cualificada en los parlamentos.
Por todo ello, la 5ª Convención de Periodistas de Lugo, insta al Foro de Organizaciones de Periodistas a:
Emprender una campaña de sensibilización sobre el derecho a la información dirigida al conjunto de la sociedad y a las organizaciones ciudadanas.
En el mismo empeño la Convención insta al FOP para que prepare y organice la movilización de los trabajadores de los medios de comunicación, tanto en el ámbito de las empresas como en el académico y en el político, en defensa del EPP. El objetivo es mantener una presión sostenida que permita su aprobación en esta o en la siguiente la legislatura.
El Foro de Organizaciones de Periodistas está integrado por la Agrupación General de Periodistas de UGT, la Agrupación de Periodistas de CCOO, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Colexio de Xornalistas de Galicia, y la Federación de Sindicatos de Periodistas.
Agrupación de Periodistas de CCOO Agrupación General de Col·legi de Periodistes de Catalunya- Federación de Sindicatos de Periodistas de UGT Colexio de Xornalistas de Galicia Periodistas
V CONVENCIÓN DE PERIODISTAS DE ESPAÑA
Resoluciones
Lugo, 6 de mayo de 2007
DERECHOS DE AUTOR
La Ley de Propiedad Intelectual obliga a pagar a los periodistas un canon por derecho de autoría. Las empresas de press clipping –que se dedican a realizar resúmenes de prensa- están dispuestas a pagar ese dinero a sus autores.
La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) pretende apropiarse de esos derechos, a sabiendas de que no le corresponde.
La V Convención de Periodistas de España expresa el reconocimiento a las empresas de press clipping y exige a la AEDE que no intente apropiarse de unos derechos que no son suyos y cese en sus amenazas a esas empresas, con las que pone en peligro centenares de puestos de trabajo.
RTVM
Como caso más flagrante de vulneración del derecho a la información que asiste a los ciudadanos, la V Convención de Periodistas de España destaca el de RTVM. La convención muestra su apoyo a los redactores y demás trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid en su defensa del derecho de los madrileños a recibir una información veraz, plural e independiente, tal y como establece la ley de creación de este medio público de comunicación. La convención ha podido constatar la manipulación, la tendenciosidad y la ocultación de información que el actual equipo directivo de Telemadrid (nombrado y sostenido por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre) lleva a cabo diariamente y que ha convertido a esta radiotelevisión pública en un instrumento de propaganda de un sector de un partido político.
DENUNCIA DE LA MANIPULACIÓN EN RTVV (Canal 9 y Ràdio 9)
La V Convención de Periodistas de España constata el alto grado de manipulación en la información y de control político ejercido por el Gobierno territorial sobre Canal 9 y Ràdio 9.
El plenario de la convención exige a la dirección de Radiotelevisión Valenciana que abandone la política de manipulación y de utilización partidista de los medios públicos autonómicos valencianos.
La necesaria rectificación de esta utilización por parte del Partido Popular ha de producirse de inmediato, para no continuar viciando el proceso político que conduce a las elecciones del 27 de mayo.
Al tiempo, se reclama a la dirección de RTVV que abandone la política de presión sobre los trabajadores, de manera que se permita la elección de nuevos comités de redacción, ya que hace más de tres años que los trabajadores de los departamentos de informativos no pueden elegir a sus representantes.
TELEVISIÓN DE CANARIAS
La V Convención de Periodistas de España apoya las reivindicaciones laborales y profesionales de los trabajadores de la Sociedad Canaria de Televisión Regional (SOCATER) El FOP califica el actual modelo de gestión de la radio televisión pública canaria como un peligro para los derechos de la ciudadanía y de los profesionales de la comunicación. Además, instamos al Gobierno de Canarias a que apueste por un verdadero medio de comunicación público.
TVG
LA V Convención de Periodistas de España apoya la reivindicación de los trabajadores de las delegaciones de TVG y de la Radio Galega de dejar de ser contratados por productoras (vinculadas a los principales periódicos gallegos) y pasar a ser contratados directamente por los medios públicos gallegos.
Es una necesidad urgente dar una solución al gran número de contratos precarios que existen en los medios públicos gallegos.
El FOP se solidariza con los trabajadores de La Región
La Convención de Periodistas se solidariza con los trabajadores de La Región ,y en especial con los compañeras y compañeros de la Unión General de Trabajadores por el acoso laboral ejercido por su empresa . La Región, SA está practicando todo tipo de presiones y coacciones destinadas a impedir que las candidaturas de este sindicato puedan concurrir a las elecciones sindicales.
SE HA ACORDADO también pedir una entrevista con el presidente del Gobierno.
SE HA RESUELTO también instar a los partidos políticos a aprobar el Estatuto del periodista profesional en la presente legislatura o, en todo caso, en la próxima.
SE HA APROBADO también una resolución rechazando la introducción en el mismo saco de ETA y del Consejo Audovisual de Cataluña, realizada por Reporteros sin Fronteras.
La dirección estatal del FOP formulará por escrito estas tres últimas resoluciones.
El Foro de Organizaciones de Periodistas está integrado por la Agrupación General de Periodistas de UGT, la Agrupación de Periodistas de CCOO, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Colexio de Xornalistas de Galicia, y la Federación de Sindicatos de Periodistas.
